Condenada una vecina de Béjar a dos años de cárcel por un delito de estafa con criptomonedas

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Imagen de los juzgados de Salamanca. TSJCYL (Foto de ARCHIVO) 2/12/2020

EUROPA PRESS / La Audiencia de Salamanca ha impuesto una condena de dos años de prisión a una vecina de Béjar por un delito continuado de estafa cometida a través de una faLsa casa de compraventa de criptomoneda que, en realidad, utilizaba para dar apariencia legal a su actividad fraudulenta mediante transacciones que realizaba con cargo a tarjetas bancarias ajenas.

La condena es fruto del acuerdo alcanzado entre la defensa de la estafadora y el Ministerio Fiscal y la misma, que ya es firme, fue dictada ‘in voce’ el día del juicio en la Audiencia Provincial de Salamanca, consistente en dos años de cárcel, multa de ocho meses–a razón de 4 euros al día–e inhabilitación especial para empleo o comercio por internet consistentes en gestión de terminal en punto de venta TPV y operaciones con monedas virtuales por tiempo de 5 años y al pago de las costas procesales.

La ahora condenada, concertada con personas no identificadas, participó en una defraudación por la cual recibía de estas terceras personas paquetes de numeraciones de tarjetas bancarias extranjeras, pertenecientes a ciudadanos extranjeros, previamente sustraídas para su uso fraudulento en una terminal de punto de venta ( TPV) virtual contratado por ella.

Este uso consistía en realizar transacciones a cargo de las tarjetas bancarias en la TPV virtual, según la información del Gabinete de Prensa del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

La operativa fraudulenta incluyó la creación a nombre de la acusada del sitio web www.btcexch.eu, una falsa casa de compra venta de criptomoneda, Bitcoin, página web que era una copia de otros sitios web y no estaba operativa al público, con el fin de simular la acusada el ejercicio de una actividad profesional de manera legal, tener acceso a una terminal de punto de venta y asociarlo a cuentas bancarias con el fin de dar apariencia de legalidad a los cargos efectuados en las tarjetas obtenidas fraudulentamente.

Este fue dado de alta en fecha 7 de mayo de 2016 y procesaba sus operaciones con Caja Rural de Salamanca.

Las cantidades defraudadas iban a parar a cuentas corrientes a nombre de la acusada destinadas a tal efecto, destacando una en la cual recibió ingresos por valor aproximado de 40.000 entre el 9 de septiembre de 2016 y el 12 de julio de 2017.

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