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miércoles, agosto 4, 2021

Soy inquilino de una comunidad que no abrirá la piscina. ¿Me puedo ahorrar dinero?

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Además del coronavirus, o mejor dicho provocado por él, el siguiente es otro asunto del que se está hablando mucho estos días. Las piscinas municipales ya están en funcionamiento desde el pasado lunes, con sus correspondientes restricciones de aforo y medidas de seguridad e higiene. Pero ¿qué esta pasando con las piscinas comunitarias? 

Si este 2020 hubiera sido un mes normal, los vecinos de estos modernos edificios, cada vez más en una ciudad como Salamanca, llevarían disfrutando diez días de esos ansiosos chapuzones privados para combatir este primer embate caluroso del verano. Sin embargo, prácticamente ninguna ha entrado en funcionamiento a día de hoy y su uso se está viendo sustituido por juntas extraordinarias de vecinos que, en algunos casos, pueden ser de todo menos amistosas.

El problema es que no todos los vecinos están por la labor de afrontar el gasto extra que puede suponer poner la piscina comunitaria en funcionamiento este verano. Aunque las normas dictadas al efecto han variado en los últimos días, lo que es evidente que la limpieza y la seguridad ha de ser mucho más habitual que en condiciones normales, y eso cuesta dinero. Por eso habrá muchas comunidades de vecinos en Salamanca que decidan no abrir la piscina este verano. 

Y ahí es donde surge la pregunta de si los inquilinos de viviendas arrendadas tienen algún derecho por no poder disfrutar de uno de los atractivos evidentes de este tipo de edificios. Y la Organización de Consumidores y Usuarios ha dado la respuesta. La OCU considera que se puede solicitar una reducción del alquiler entre un 10 y un 20 por ciento, siempre que el uso de la piscina esté contemplado en el contrato de alquiler de la vivienda. Esta reducción sería, lógicamente, por el tiempo que el servicio está en funcionamiento, habitualmente los tres meses que van desde el 15 de junio al 15 de septiembre.

No obstante, la OCU se ha encargado de aconsejar que las partes lleguen a un acuerdo razonable que puede consistir en la rebaja de la renta o en otra compensación.

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