El Gobierno tendrá que tener listas las medidas para evitar la exclusión financiera a los mayores el 2 de junio de 2022

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El nuevo programa municipal ayudará a los mayores en los trámites bancarios

El Gobierno dispondrá hasta el 2 de junio de 2022 de plazo para realizar las modificaciones legislativas necesarias para evitar la exclusión financiera de las personas mayores tras la publicación, este martes, de la Ley de protección de los consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

La ley, que entra este miércoles 2 de marzo en vigor, fue aprobada definitivamente el día 24 de febrero por el Congreso de los Diputados al ratificar las enmiendas introducidas en el Senado, entre las que se incluía la protección a las personas mayores frente a la exclusión financiera y tras la campaña de recogida de firmas ‘Soy mayor mayor, no idiota’ promovida por Carlos San Juan con el fin de exigir a las entidades bancarias la no discriminación de personas por razones de edad y un trato digno.

PLAZO

Según recoge el texto publicado en el BOE, el Gobierno, en coordinación con el Banco de España y representantes del sector de entidades de crédito, tendrá que adoptar medidas en los próximos tres meses para favorecer la inclusión de las personas más vulnerables y, especialmente, de las de edad avanzada.

Para ello, tendrá que llevar a cabo «cuantas medidas se consideren necesarias para garantizar la atención presencial a las personas de mayor edad, y a todos aquellos colectivos para los que el acceso a los servicios financieros, a través de las nuevas tecnologías, constituya un motivo de exclusión financiera».

Así, se busca que el cierre de oficinas bancarias no lleve aparejado el cierre de sus cajeros automáticos externos y que las entidades incrementen su personal para poder ayudar a realizar distintas operaciones a las personas con menores capacidades digitales.

Otra de las novedades es que se garantizará la accesibilidad en los etiquetados de los productos para personas con discapacidad visual y desarrollará reglamentariamente etiquetados que garanticen la inclusividad de las personas consumidoras vulnerables.

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