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viernes, septiembre 25, 2020

Educación garantiza los centros especiales

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Mucho han dado que hablar las dos proposiciones de ley que sembraron la discordia en la Asamblea de Madrid el año pasado. Una partía de una iniciativa popular, la otra fue planteada por el grupo parlamentario Podemos; ambas aludían a una cierta inclusión de escolares con necesidades especiales en centros ordinarios. Saltó a la palestra, por tanto, el supuesto cierre de los colegios especializados y una reubicación de unos 35.000 escolares en los ordinarios para, aseguraban, otorgar una “inclusión real” y que no se “formaran guetos”.

Más recientemente, a finales de enero, la Consejería de Educación emitió un comunicado por el que pretendía “tranquilizar a las familias” y aseveraba que el alumnado podrá permanecer en los centros de educación especial tras 2020. Pero la chispa ya había prendido ante la enmienda del CERMI que auguraba la clausura contemplada, además, en el proyecto de Ley Orgánica para la reforma de la Ley Orgánica de Educación (LOMLOE), conocida como ‘Ley Celaá’. Familias y organizaciones condenan el posible cierre de los centros y calificaban de “inviable” la inclusión en los ordinarios.

Este periódico ya recogió las declaraciones del presidente de Aspace Salamana, Jesús Alberto Martín, cuando explicó que “debe haber una educación inclusiva en los centros ordinarios a base de pequeñas adaptaciones”. Se refería a la posibilidad de adaptar aulas y personal docente a las distintas peculiaridades de los alumnos como, en el caso de las personas con epilepsia, seguir un protocolo. Esto se podría hacer extensible a aquellos con glucemias bajas o con discapacidad física leve, que encuentren algún tipo de barreras arquitectónicas.

Sin embargo, el presidente de Aspace y el resto de organizaciones salmantinas consideran que existen casos donde “es imposible la inclusión”, motivo por el cual, también se necesitan los centros especiales. Tal es el caso de aquellos menores que, además de formación académica, requieren del trato de varios especialistas a su servicio, fisios, logopedas… que impedirían el trasiego ordinario de una clase común. Por este motivo, rechazan las proposiciones de ley.

Representantes del A.M.P.A del C.E.E. El Camino, C.E.E. Reina Sofía y de las asociaciones Aspace Salamanca, Aerscyl y Ariadna exigen que “no se excluya ninguna de las modalidades educativas prestadoras de apoyo del sistema educativo español”.

Las entidades forman parte de la Plataforma ‘Educación inclusiva sí, especial también’, nacida en julio del pasado 2018. Y han vuelto a mostrar su indignación ante lo que consideran una tomadura de pelo. El 22 de febrero manifestaron su opinión en Salamanca. El 23, las asociaciones salmantinas se trasladaron a Valladolid para formar parte de las casi 5.000 personas que acudieron a la manifestación al grito de “¡CERMI, escuchad, queremos la Especial!”. Consideran errónea la premisa de que “un colegio ordinario es siempre el mejor para todos los niños y niñas”.

Por su parte, la Junta de Castilla y León afirma: “Las familias y los profesionales deben estar tranquilos pues a ningún alumno o alumna que, actualmente, cursa sus estudios en centros de Educación Especial se le va a modificar su escolarización”.

Sin embargo, la incertidumbre sigue presente en un río de aguas turbulentas. Y lo cierto es que la ONU emitió un durísimo informe, a finales de mayo de 2018, al entender que España viola el derecho a la educación especial de los niños con discapacidad.

Aerscyl, protagonista en el Día Mundial de Enfermedades Raras

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