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lunes, septiembre 28, 2020

“Trabajar en un puesto de difícil cobertura supone un gran coste personal”

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“Me he recorrido toda la provincia de Salamanca y, hasta el momento, no he recibido ningún tipo de incentivo económico.” Esta es la queja de una de las trabajadoras del sistema sanitario de Castilla y León y, como ella, la de muchos otros médicos y enfermeros que, durante años, han ejercido su profesión en puestos de difícil cobertura. Municipios como Lumbrales, Fregeneda, Aldeadávila o Cantalapiedra, son solo algunas de las muchas localidades que cuentan con unas características territoriales o demográficas que están derivando en un déficit de profesionales de la salud. Tanto es así que, como apunta esta enfermera que prefiere mantenerse en el anonimato, en algunos casos, un solo médico debe hacerse cargo de las necesidades de seis pueblos distintos.

Con el objetivo de paliar esta situación, la Consejería de Sanidad propondrá a la Junta de Castilla y León la aprobación de un Decreto Ley de medidas urgentes. Además de regular las medidas para el reconocimiento y la provisión de puestos de difícil cobertura en el ámbito de Atención Primaria, este Decreto persigue fomentar la fidelización de los licenciados especialistas en medicina familiar y comunitaria, y regular la productividad de los profesionales.

Un paquete de acciones que esta trabajadora sanitaria celebra, aunque considera que se debería haber puesto en marcha mucho antes.“He trabajado en este sector veinticinco años y, hasta ahora, no he recibido incentivos por desplazarme a zonas de difícil cobertura. Es más, al igual que mis compañeros, debo correr yo misma con los gastos derivados del transporte y poner cada día mi vida en peligro viajando constantemente.” Una problemática que el Decreto espera mitigar con el reconocimiento de garantía asistencial, especialmente para las categorías con déficit de profesionales y con la puesta en marcha de servicios de transporte a la demanda en los casos necesarios. Este complemento será de 6.000 euros anuales para los pertenecientes al grupo A1; de 1.300 anuales para los del A2; y de 300 euros anuales para las categorías C1 y C2, así como para otras agrupaciones profesionales.

Dificultades para la conciliación familiar

Sin embargo, el aspecto económico no es el único con el que los sanitarios lidian día a día. “También se debe tener en cuenta el gran coste personal que supone trabajar en un sinfín de municipios que se encuentran a una distancia considerable de mi residencia habitual”, comenta.  Una situación a la que se enfrentan muchos de sus compañeros y que se agrava en aquellos casos que cuentan con menores o personas dependientes a su cargo. “Tal y como está propuesto el sistema, no se permite la conciliación familiar”. En esta línea, el Decreto propone una mayor flexibilización del horario, así como con la disponibilidad en los llamamientos temporales de interinidad en las bolsas de empleo temporal, siempre que el profesional lleve más de un año desempeñando el puesto.

Además, el Decreto Ley apuesta por valorar como mérito en la carrera profesional el ejercicio de los mismos, considerándose como cooperación con el Servicio de Salud. Cabe mencionar también que estos profesionales disfrutarán de la prioridad en la partición en las actividades de formación, y la prioridad de los centros e instituciones sanitarias a los que estén adscritos puestos de difícil cobertura en los proyectos pilotos o de investigación.

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